Calderón y García Luna hincharon de billetes a constructores de cárceles


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El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa privatizó las cárceles cuando la guerra contra el narcotráfico que él mismo inició estaba en pleno apogeo. El objetivo era despresurizar las prisiones, y para ello ordenó la construcción de 12 centros penitenciarios con la iniciativa privada.

Pero nada de eso se logró. Al finalizar su sexenio, la población privada de su libertad aumento 4.4 por ciento y los empresarios se ‘hincharon’ de dinero, señala un reportaje del portal Sin Embargo.

Los constructores estarían encargados de la operación administrativa y de los insumos de las cárceles, aunque la seguridad y custodia continuarían a cargo del Estado, precisa la publicación.

La construcción de prisiones resultó ser muy redituable, pues el Gobierno Federal se comprometió a darle casi 10 mil millones de pesos anuales durante 20 años a unas cuantas empresas, y estas se enfocaron en satisfacer sus necesidades antes que las de los internos, pues estos  pasaron a ser “un medio para que la empresa privada obtuviera beneficios económicos” aún a costa de los derechos humanos, señala el medio digital, con base en el Informe Privatización del Sistema Penitenciario en México de las asociaciones civiles Documenta y México Evalúa.

Sin Embargo recuerda que en el 2010 inició el proceso de privatización de cárceles federales, y recayó en manos del Secretario de Seguridad Pública del sexenio calderonista, Genaro García Luna, quien actualmente está detenido en Estados Unidos por conspirar para delinquir y aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa.

Genaro García Luna y Felipe Calderón. Foto: Especial.

Ese año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aprobó un presupuesto neto de 199 mil 476 millones 600 mil pesos a pagar en un periodo de 20 años a seis empresas (Arendal, GIA, Homex, ICA, Prodemex y Tradeco) a las que se sumaría Grupo Ideal de Carlos Slim Helú en 2013, tras la quiebra de Homex.

“Más allá de las irregularidades detectadas en los últimos 10 años, la Auditoría Superior de la Federación señaló en su momento que el monto aprobado por la SHCP implicó un sobrecosto injustificado de 41 mil 26 millones 400 mil pesos. Sin embargo, el daño estaba hecho y los contratos fueron firmados y escondidos bajo llave con el argumento de ser objeto de seguridad pública, de modo que a partir de 2013 y hasta 2032, las empresas mencionadas tendrían derecho a cobrar, cada una, entre uno y 1.2 mil millones de pesos por año”, detalla el reportaje.

El informe revela que  la participación de la iniciativa privada en la operación de cárceles no dista mucho de la que se lleva a cabo en los centros penitenciarios públicos. Los primeros están mejor evaluados en “aspectos que garantizan la integridad física y moral de los internos” (que engloba la distribución de presos por área, servicios médicos y la prevención y atención de incidentes violentos, tortura y/o maltrato) y en “aspectos que garantizan una estancia digna” (que mide la calidad de los alimentos, la higiene y las instalaciones).

Pero los centros públicos están mejor evaluados en materia de “condiciones de gobernabilidad” (que califica la calidad del personal, las sanciones, el control y las normas internas de la cárcel) y de “atención a personas encarceladas con requerimientos específicos” (que incluye servicios, trato e instalaciones para mujeres, adultos mayores y personas indígenas, LGBTTTI, con VIH/SIDA, adicciones y/o con capacidades diferentes).

Penal de Puente Grande, Jalisco.

De acuerdo con Sin Embargo, más de la mitad del presupuesto que la Secretaría de Gobernación ha destinado al sistema penitenciario, termina en manos de la iniciativa privada. Señala además que  el número de reclusos por año arrojó que entre 2014 y 2019, el costo por presidiario en cárceles federales aumentó en 46.2 por ciento real. 

El lunes pasado el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuestionó el esquema de privatización de cárceles que inició en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Dijo que “si se renta un hotel de gran turismo durante todo un año, cuesta menos que lo que tiene que pagar el Gobierno por mantener un reclusorio que fue privatizado”.

En la mañanera del 29 de diciembre, AMLO refirió que su Administración procederá a revisar los contratos leoninos en cárceles privadas “porque es fraude”. Inclusive, el día 2 de octubre acusó que el cierre de penales se debe al esquema de privatización porque “todo era negocio” a favor de las empresas.

En lo que va de 2020, tres Centros Federales de Reinserción Social (o Ceferesos) fueron dados de baja del Sistema Penitenciario federal: el “2 Occidente” de Puente Grande, Jalisco; el “3 Noreste” de Matamoros, Tamaulipas; y el “6 Sureste” de Huimanguillo, Tabasco.


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